RESPONDER A LOS REFUGIADOS Y MIGRANTES

VEINTE PUNTOS DE ACCIÓN

La migración global es un gran desafío para gran parte del mundo actual y una prioridad para la Iglesia Católica. En palabras y hechos, el Papa Francisco muestra repetidamente su profunda compasión por todos los desplazados. Testigo de sus encuentros con migrantes y refugiados en las Islas de Lampedusa y Lesbos. Testigo de su llamado a que se abracen plenamente: acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes, los refugiados y las víctimas de la trata de personas. (Address to participants in the International Forum on "Migration and Peace", 21 February 2017. Sección Migrantes & Refugiados | Desarrollo Humano Integral | Palazzo San Calisto | 00120 Ciudad del Vaticano Tel. +39 06 698 87376 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | www.migrants-refugees.va)

Además, el Santo Padre está guiando a la Iglesia para que ayude a la comunidad mundial a mejorar sistemáticamente sus respuestas a los desplazados. La comunidad política internacional ha puesto en marcha un proceso multilateral de consultas y negociaciones con el objetivo de adoptar dos Pactos Mundiales (Global Compacts) para finales de 2018, uno sobre los migrantes internacionales y otro sobre los refugiados.

La Iglesia ya ha tomado posición sobre muchos de los temas que se incluirán en los Global Compacts y, aprovechando su variada y larga experiencia pastoral, quisiera contribuir activamente a este proceso. Para apoyar esta contribución, la Sección de Migrantes y Refugiados del Vaticano (Dicasterio para la Promoción Integral del Desarrollo Humano), consultó a diversas Conferencias Episcopales y ONGs católicas, y ha preparado los siguientes 20 puntos de acción sobre migrantes y refugiados. No agotan las enseñanzas de la Iglesia sobre los migrantes y los refugiados, sino que proporcionan consideraciones útiles que los defensores católicos pueden usar, añadir y desarrollar en su diálogo con los gobiernos hacia los Global Compacts. Los 20 Puntos se basan en las necesidades de los migrantes y los refugiados identificados a nivel de base y en las mejores prácticas de la Iglesia. Los Puntos han sido aprobados por el Santo Padre.

La Sección de Migrantes y Refugiados, guiada por el Santo Padre, insta a las Conferencias Episcopales a que expliquen los Pactos y los Puntos a sus parroquias y organizaciones eclesiales con la esperanza de fomentar una solidaridad más efectiva con los migrantes y los refugiados. Dada la gran variedad de temas tratados en los Puntos, cada Conferencia Episcopal debería seleccionar los puntos más relevantes para su situación nacional y llevarlos a la atención de su Gobierno, específicamente a los ministros responsables de las negociaciones del país sobre los Global Compacts. Cada país ya ha comenzado a preparar su posición y las negociaciones tendrán lugar durante los primeros seis u ocho meses de 2018. Los mismos puntos en un lenguaje más formal, para su uso en la incidencia política, pueden encontrarse en el documento 20 Action Points for the Global Compacts.

Aunque se basan en la experiencia y la reflexión de la Iglesia, los 20 Puntos se ofrecen como consideraciones valiosas a todas las personas de buena voluntad que estén dispuestas a implementarlas y abogar por su inclusión en las negociaciones de su país. Líderes y miembros de todas las religiones y organizaciones de la sociedad civil son bienvenidos a unirse a este esfuerzo. Unámonos para acoger, proteger, promover e integrar a las personas obligadas a abandonar su hogar y buscar un nuevo entre nosotros.

Acoger: Aumento de las rutas seguras y legales para los migrantes y refugiados

La decisión de emigrar debe ser libre y voluntaria. La migración debe ser un proceso ordenado que respete las leyes de cada país involucrado. A tal fin, se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

1. Se debe evitar la expulsión colectiva o arbitraria de migrantes y refugiados. El principio de no devolución debe respetarse siempre: los migrantes y los refugiados nunca deben ser devueltos a un país que se considera inseguro. La aplicación de este principio debe basarse en el nivel de seguridad que cada individuo puede tener efectivamente, y no en una evaluación resumida del estado general de seguridad de un país. La aplicación sistemática de una lista de "países seguros" a menudo no tiene en cuenta las necesidades reales de seguridad de determinados refugiados; deben ser tratados individualmente.

2. Deben multiplicarse las vías jurídicas para la migración o la reubicación segura y voluntaria. Esto puede lograrse concediendo visas humanitarias, visas para estudiantes y aprendices, visas de reunificación familiar (incluyendo hermanos, abuelos y nietos) y visas temporales para personas que huyen de conflictos en países vecinos; creando corredores humanitarios para los más vulnerables; y mediante el lanzamiento de programas de patrocinio privados y comunitarios, programas de reubicación de refugiados en las comunidades en lugar de concentrarlos en asentamientos.

3. El valor de la seguridad de cada persona, arraigado en un profundo respeto por los derechos inalienables de los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados, debe estar correctamente equilibrado con las preocupaciones de seguridad nacional. Esto puede lograrse mediante la capacitación adecuada de los agentes fronterizos; garantizando que los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados tengan acceso a los servicios básicos, incluidos los servicios jurídicos; garantizando la protección de quienes huyen de la guerra y la violencia; y buscando soluciones alternativas a la detención para aquellos que entran en un país sin autorización.

Proteger: Defensa de los Derechos y la Dignidad de los Migrantes y Refugiados

La Iglesia ha subrayado repetidamente la necesidad de un enfoque integral de la cuestión de la migración, en un profundo respeto por la dignidad y los derechos de cada persona y teniendo en cuenta las múltiples dimensiones de cada individuo. El derecho a la vida es el más fundamental de todos los derechos, y no puede depender del estatus legal de una persona. Con este fin, se sugieren los siguientes puntos:

4. Los emigrantes deben estar protegidos por sus países de origen. Las autoridades de estos países deben ofrecer información fiable antes de la salida; debe garantizar la legalización y la certificación de todos los canales de emigración; debe crear un departamento gubernamental para la diáspora; y ofrecer asistencia consular y protección en el extranjero.

5. Los inmigrantes deben ser protegidos por sus países de llegada, a fin de prevenir la explotación, el trabajo forzoso y la trata de personas. Esto se puede lograr prohibiendo a los empleadores retener los documentos de los empleados; garantizando el acceso a la justicia para todos los migrantes, independientemente de su condición jurídica y sin repercusiones negativas en su derecho a permanecer; asegurando que todos los inmigrantes puedan abrir una cuenta bancaria personal; estableciendo un salario mínimo aplicable a todos los trabajadores; y garantizando que los salarios se paguen al menos una vez al mes.

6. Los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados deben estar facultados para aprovechar sus habilidades y competencias para mejorar su propio bienestar y la prosperidad de sus comunidades. Esto puede lograrse garantizando la libertad de circulación en el país y el permiso para regresar después del trabajo en el extranjero; proporcionando amplio acceso a los medios de comunicación; mediante la participación de las comunidades locales en la integración de los solicitantes de asilo; y desarrollando programas de reintegración profesional y social para cualquier persona que elija regresar a su país de origen.

7. La vulnerabilidad de los menores no acompañados y de los menores separados de sus familias debe abordarse de conformidad con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Esto puede lograrse buscando soluciones alternativas a la detención de migrantes menores de edad que entran a un país sin autorización; ofreciendo custodia temporal u hogares de crianza para menores no acompañados o separados; y mediante la creación de centros separados para la identificación y tramitación de menores, adultos y familias.

8. Todos los migrantes menores de edad deben ser protegidos de conformidad con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Esto puede lograrse mediante el registro obligatorio de todos los nacimientos y garantizando que los migrantes menores de edad no sean irregulares cuando lleguen a la edad adulta, y puedan continuar su educación.

9. Debe garantizarse el acceso a la educación a todos los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados menores de edad, para que tengan acceso a la enseñanza primaria y secundaria en la misma medida que los ciudadanos y con independencia de su condición jurídica.

10. El acceso a la seguridad social debería garantizarse a todos los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, respetando su derecho a la salud ya la asistencia sanitaria básica, independientemente de su condición jurídica, y garantizando el acceso a los planes nacionales de pensiones y la transferibilidad de las prestaciones en caso de mudarse a otro país.

11. Los migrantes nunca deben ser apátridas, de conformidad con el derecho a la nacionalidad establecido por las convenciones internacionales, y la ciudadanía debe ser reconocida al nacer (jus soli).

Promover: Fomento del desarrollo humano integral de los migrantes y refugiados

La Iglesia ha enfatizado repetidamente la necesidad de promover el desarrollo humano integral para los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados junto con los residentes locales. Los países deberían incluir a los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados en su plan de desarrollo nacional. A este fin, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

12. Las competencias de los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados deben valorarse y desarrollarse en los países de llegada garantizando la igualdad de acceso a la enseñanza superior, los cursos de especialización, los aprendizajes y las pasantías, validando las cualificaciones obtenidas en otros lugares.

13. La inclusión social y profesional de los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados dentro de las comunidades locales debe apoyarse reconociendo su libertad de movimiento y su derecho a elegir dónde vivir; facilitando la información en sus lenguas de origen; ofreciendo clases de idiomas y cursos sobre costumbres y cultura locales; y concediendo a los solicitantes de asilo y refugiados el derecho al trabajo.

14. La integridad y el bienestar de la familia siempre deben ser protegidos y promovidos, independientemente de su condición jurídica. Esto puede lograrse abogando por una reunificación familiar más amplia (abuelos, nietos y hermanos) independientemente de las necesidades financieras; permitiendo que los miembros de la familia reunificada trabajen; emprendiendo la búsqueda de familiares perdidos; combatiendo la explotación de menores; y asegurándose de que, si se emplean, su trabajo no afecta negativamente su salud ni su derecho a la educación.

15. Los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados con necesidades especiales deben ser tratados igual que los ciudadanos con las mismas condiciones, garantizando el acceso a las prestaciones por discapacidad independientemente del estatus legal y matriculando a los menores no acompañados o separados con discapacidades en programas de educación especial.

16. Se deben aumentar los fondos para el desarrollo internacional y el apoyo humanitario, enviados a los países que reciben una afluencia significativa de refugiados y migrantes que huyen de un conflicto armado, para que puedan satisfacerse las necesidades de las poblaciones recién llegadas y residentes. Esto puede lograrse financiando el establecimiento y desarrollo de instituciones de atención médica, educativa y social en los países de llegada y extendiendo programas de ayuda financiera y asistencia a las familias locales en situaciones de vulnerabilidad.

17. El derecho a la libertad religiosa -en términos tanto de creencias como de prácticas- debe garantizarse a todos los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, independientemente de su condición jurídica.

Integrar: Mayor participación de migrantes y refugiados para enriquecer las comunidades locales

La llegada de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados representa una oportunidad de crecimiento tanto para las comunidades locales como para los recién llegados. El encuentro de culturas diferentes es una fuente de enriquecimiento mutuo, ya que la inclusión y la participación contribuyen al desarrollo de la sociedad. A tal fin, se aplicarán los siguientes puntos:

18. Se debe promover la integración, como un proceso bidireccional que reconoce y valora las riquezas de ambas culturas. Esto puede lograrse reconociendo la ciudadanía al nacer (jus soli); extendiendo sin demora la nacionalidad a todos los refugiados, independientemente de requisitos financieros o conocimientos lingüísticos (al menos para los mayores de 50 años); promoviendo la reunificación familiar; y declarando un período único de amnistía y legalización para los migrantes que han vivido en un país durante un período de tiempo considerable.

19. Debe promoverse una narrativa positiva de solidaridad hacia los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados. Esto se puede lograr financiando proyectos de intercambio intercultural; apoyando programas de integración en las comunidades locales; documentando y difundiendo buenas prácticas de integración; y garantizando que los anuncios públicos se traduzcan a las lenguas habladas por un mayor número de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.

20. Aquellos que se ven forzados a huir de crisis humanitarias y posteriormente son evacuados o inscritos en programas de repatriación asistida deben tener condiciones adecuadas para la reintegración en sus países de origen. Esto se puede conseguir aumentando los fondos asignados a personal temporario para los afectados por crisis humanitarias y desarrollando la infraestructura en los países de retorno, validando las cualificaciones educativas y profesionales obtenidas en el extranjero y fomentando la rápida reintegración de los trabajadores en sus países de origen.

 

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